El proyecto de ley de presupuesto es un instrumento fundamental sobre el cual se expresan las prioridades que se tendrán en cuenta para llevar adelante las políticas públicas de nuestro país. Las mismas, entendemos, siempre deben ir cargadas de contemplaciones que busquen fortalecer las herramientas que tiene la sociedad para generar permanentes oportunidades de progreso. La educación es un pilar ineludible y fundamental para esto, sobre todo en tiempos de desigualdad profunda y estructural.

Como antecedente inmediato de comparación tenemos el proyecto de ley de presupuesto general que la administración nacional había elaborado y elevado al Congreso Nacional. El mismo, otorgaba en su art. 12 al sistema universitario nacional la suma de $195.565.815.886.

El monto añadía a la base presupuestaria 2018 los aumentos salariales anualizados otorgados durante el 2018 en los distintos acuerdos paritarios Docentes y Nodocentes, y además contemplaba un incremento en los gastos de funcionamiento de las universidades y partidas específicas. Las mismas, sin tener afectación particular a una universidad, se distribuirían posteriormente en el sistema, como gastos en ciencia y técnica y el programa de incentivos a docentes investigadores.

A poco de arribar al debate público la discusión del nuevo presupuesto, tomamos conocimiento de la decisión del gobierno actual de prorrogar el presupuesto 2019 hasta la conclusión de las negociaciones con el FMI. De esa manera, el día 13 de enero de 2020, se conoció la decisión administrativa número 1 del 2020 por la cual el Jefe de Gabinete de ministros distribuyó el presupuesto 2020. En dicha resolución se otorgó al sistema universitario en su totalidad la suma de $149.246.677.078. Fuentes de la Secretaría de Políticas Universitarias informaron que dicho monto incluía sobre la base del presupuesto 2019 solo los incrementos salariales anualizados. Cabe aclarar que la respuesta del CIN a dicho proyecto fue tildarlo de insuficiente, reclamando $250 mil millones.

Ante esta situación los números dejan en claro el tamaño del recorte al proyecto de referencia, el cual debería servir de piso mínimo desde donde crecer. Este se extendió hasta la cifra de $46 mil millones y tiene como punto sustancial el 0% de incremento para los gastos de funcionamiento. Además, nada se dice de las partidas específicas, importantes para el desarrollo de la ciencia y técnica o del programa de incentivos.

Sabemos que la decisión del Gobierno actual de prorrogar la aprobación del presupuesto 2020 hasta la conclusión de las negociaciones es una sujeción a los intereses del FMI. Sobre eso, afirmamos que de ninguna manera en el medio de esta crisis inflacionaria sostenida desde hace años sin detenerse sea el sistema universitario quien deba soportar un recorte de este tamaño ¿Cómo espera el Gobierno que las universidades puedan afrontar sus gastos con el mismo presupuesto que en el 2019?

Asimismo, entendemos que el recorte en la educación se replica directamente en la decisión del Gobernador de congelar el salario docente al postergar el pago de aumentos, el cual es acompañado por un llamativo silencio sindicalista que celebra el pago de acreedores pero que deja sin respuesta a sus representados en esta clara pérdida de poder adquisitivo.

Desde el movimiento estudiantil continuaremos sosteniendo que la Educación Pública es Justicia Social y oportunidades para que todas, todos y todes podamos construir un futuro en el plano de una Universidad Pública, Gratuita y de Calidad, que promueva el desarrollo del país. La educación nunca debe ser 06una variable más de ajuste y recorte sobre la cual los números deben cerrar. No pagaremos la deuda ni con el hambre del Pueblo ni con el desfinanciamiento de la Universidad. CON LA EDUCACIÓN NO SE NEGOCIA.