En el día de hoy se discutió en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, la reforma de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena que ya tenia media sanción en la Cámara de Diputados.
Un debate por demás complejo y sensible, sobre todo si tenemos en cuenta los últimos sucesos aberrantes y la lamentable utilización mediática de ellos. En este marco, se intentó buscar una solución a la supuesta «presión social» queriendo convertir en ley un proyecto con media sanción que echaba por tierra todo avance en materia de resocialización como finalidad de las penas, en integración y el respeto por los Derechos Humanos tanto de las víctimas como de aquellas personas que cometieron un delito.
El proyecto en cuestión agravaba en la mayoría de los casos, y eliminaba en otros, el principio de progresividad mediante el cual se trabaja junto a la persona privada de su libertad, en un proceso que debe tender a mayor autodisciplina, y que culmina con la libertad, dándose así la posibilidad de integración social.
El proyecto contenía también un artículo mediante el cual se denegaba la libertad condicional, salidas transitorias, semilibertad o libertad asistida, a aquellos que manifiesten «conductas que permitan suponer verosímilmente que cometerá nuevos delitos o participará de organizaciones colectivas». Cuestión sumamente subjetiva y errónea, incluso, anti constitucional.
Tal como señala la Procuración Penitenciaria de la Nación, el proyecto con media sanción de Diputados, contraviene los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social de los penados contenidos en la actual ley, los cuales fueron reconocidos tanto por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y están previstos como finalidad de las penas de prisión en las “Reglas Mandela”, que constituyen la normativa de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, la cual nuestro país ratificó.
Consideramos muy positivo que el proyecto vuelva a tener una merecida y profunda discusión en su cámara de origen, y entendemos como muy necesario que se aborde de una manera integral la problemática, pensando puntualmente en los aportes que se generan desde distintas esferas sociales.
Desde el sistema universitario seguimos profundizando las acciones que apuntan al ejercicio efectivo del derecho a la educación, específicamente superior, para lograr una forma integral de integración a la sociedad.
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