Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en el día de ayer demuestran una gran falta de diálogo con los actores sociales e incluso una fuerte contradicción con lo que el propio gobierno sostenía solo unas horas antes. Lo más grave, en este caso, es que las consecuencias de estas decisiones las sufren especialmente los más chicos.
Nuestro Presidente, Alberto Fernández, parece querer seguir atentando con el derecho a la educación de lxs jóvenes. Pese a que la evidencia más reciente demuestra un bajo riesgo de contagio en las instituciones educativas, el Gobierno tomó la decisión de cerrar las escuelas.

Al parecer, al Gobierno no le alcanzó con dejar un año de escuelas cerradas. Esto no solo se trata de un problema curricular en relación al aprendizaje esperado, sino que se vuelve a quitar una instancia de socialización fundamental en el desarrollo de niñxs y adolescentes.

Lo curioso también, son las incongruencias en el propio gobierno para tomar decisiones, dicho de otra manera, no resisten ni un archivo.
Justamente ayer, diez horas antes del anuncio de Fernández, el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguraba que las escuelas eran entornos seguros y que era lo último que debía cerrarse. Pocas horas después, resultó ser lo primero.

De por sí, cerrar las escuelas no es una decisión propia de un Gobierno de científicos, sino más bien la de un Gobierno de ignorantes. Y más aún, cuando los propios datos (incluso del propio Ministerio de Salud), revelan los bajos porcentajes de contagio en las escuelas.

Sobre esto las Naciones Unidas advertían ya desde mediados del año pasado el «efecto desproporcionadamente negativo en los alumnos más vulnerables» que provoca la interrupción de las actividades académicas presenciales.
Cerrar las escuelas es grave. Afecta negativamente en los estilos de vida de los niños, produciendo cambios como dejar de realizar deportes, de asistir a la escuela, nuevos miedos, el aislamiento social y el miedo a la muerte (Martínez-Taboas, 2020).

Alteran también generando la pérdida de hábitos saludables y consecuencias económicas negativas para la familia (del Castillo & Velasco, 2020; UNESCO, 2020; Wang et al., 2020).
Y al mismo tiempo se asocia con un incremento de factores de riesgo psicosociales, como son el aislamiento y la violencia intrafamiliar, la pobreza, el hacinamiento y el abuso de nuevas tecnologías (Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2019).

Por otro lado, no es menor el anuncio de las fuerzas federales para controlar el cumplimiento de las restricciones, una medida que lo único que genera es aumentar el poder represivo del estado, violentando el principio de que las fuerzas militares no intervienen en seguridad interior. Cabe resaltar que, durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández, se registraron un total de 411 casos de personas asesinadas por fuerzas de seguridad estatales (Correpi Organización)

Desde la FUA venimos pidiendo desde hace más de un año un manejo responsable de la pandemia, y políticas públicas planificadas en este sentido. No queremos militares en la calle, ni que solo lxs chicxs que tienen acceso a internet o a plataformas digitales sean los privilegiados de poder acceder a la educación.
Queremos que la gente pueda salir a trabajar, que los jóvenes puedan estudiar y exigimos al gobierno un plan claro para afrontar la segunda ola con una campaña de vacunación sin mentiras ni negligencias.